La figura jurídica del contrato de aprendizaje, que con posterioridad sería denominada contrato para la formación tiene muchos años de presencia en la legislación española, y ha ido evolucionando desde su inicio.

17 de julio de 1911

Así, el texto que reguló por primera vez en España la figura jurídica del contrato de aprendizaje fue una Ley promulgada, la cual hacía referencia al mismo como «aquel contrato en el que el patrono se obliga a enseñar prácticamente, por sí o por otro, un oficio o industria, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, mediando o no retribución y por tiempo determinado».